A lo largo del siglo XIX sufragistas y socialistas no cesaron de luchar por cambiar el destino asignando a las mujeres. Se centraron en conquistar el acceso a la esfera pública: el sufragio, el trabajo asalariado no proletario, la educación superior. Ya en el siglo XX y tras la conquista de los derechos políticos, las mujeres comprobaron las enormes dificultades que comportaba su acceso igualitario al ámbito público, donde más que con un techo de cristal se topaban con un auténtico muro de hormigón armado. Constatar la insuficiencia de los derechos formales llevó al feminismo a un nuevo resurgir organizativo y a una etapa de gran vitalidad y creatividad teóricas.
En la denominada segunda ola del movimiento, en los años sesenta, y en continuidad con los planteamientos de la inclusión, se fundamentó la necesidad de establecer mecanismos sociales y políticos capaces de romper la dinámica excluyente del sistema patriarcal, como la discriminación positiva y las cuotas.
Desde el punto de vista político, la instauración en 1978 de un sistema político democrático en España fue un factor básico para que se produjeran cambios en la precaria situación de las mujeres. La aprobación de una constitución democrática, que ofrece al menos las posibilidades y los medios de lucha por la igualdad y, por tanto, por los derechos de las mujeres, ha sido un requisito fundamental para propiciar el cambio en el papel y en la vida de las mujeres en nuestro país.
A partir del análisis de diferentes parámetros consultados en el INE (Instituto Nacional de Estadística) se evidencia una fuerte caída de la fecundidad, pasando el número medio de hijos por mujer en edad fértil de un 2,8 en 1976 al 1,35 en 2005. Así mismo, la edad media de maternidad se sitúa en torno a los 30 años y la de primer matrimonio en los 27 años, mientras que en 1976 estaba en los 23,5 años. Los hijos nacidos de madres solteras eran uno de cada cincuenta en 1976 y en 2005 uno de cada cinco partos son de madre soltera. Estos datos del ámbito familiar son consecuencia de la acelerada incorporación de las mujeres a distintos ámbitos de la sociedad, caracterizados por un mayor nivel de estudios, una mayor disponibilidad para insertarse en el mercado laboral, que retrasa tanto la edad de matrimonio, como la de llegada del primer hijo y el menor número de hijos que tenemos las mujeres.
En la denominada segunda ola del movimiento, en los años sesenta, y en continuidad con los planteamientos de la inclusión, se fundamentó la necesidad de establecer mecanismos sociales y políticos capaces de romper la dinámica excluyente del sistema patriarcal, como la discriminación positiva y las cuotas.
Desde el punto de vista político, la instauración en 1978 de un sistema político democrático en España fue un factor básico para que se produjeran cambios en la precaria situación de las mujeres. La aprobación de una constitución democrática, que ofrece al menos las posibilidades y los medios de lucha por la igualdad y, por tanto, por los derechos de las mujeres, ha sido un requisito fundamental para propiciar el cambio en el papel y en la vida de las mujeres en nuestro país.
A partir del análisis de diferentes parámetros consultados en el INE (Instituto Nacional de Estadística) se evidencia una fuerte caída de la fecundidad, pasando el número medio de hijos por mujer en edad fértil de un 2,8 en 1976 al 1,35 en 2005. Así mismo, la edad media de maternidad se sitúa en torno a los 30 años y la de primer matrimonio en los 27 años, mientras que en 1976 estaba en los 23,5 años. Los hijos nacidos de madres solteras eran uno de cada cincuenta en 1976 y en 2005 uno de cada cinco partos son de madre soltera. Estos datos del ámbito familiar son consecuencia de la acelerada incorporación de las mujeres a distintos ámbitos de la sociedad, caracterizados por un mayor nivel de estudios, una mayor disponibilidad para insertarse en el mercado laboral, que retrasa tanto la edad de matrimonio, como la de llegada del primer hijo y el menor número de hijos que tenemos las mujeres.
En este contexto, hay que destacar, por otra parte, que en 1991, el 13.3% de los hogares eran unipersonales. Por lo que se refiere al porcentaje de familias monoparentales, es abrumadora la feminización de esta situación: 4 de cada 5 de estas familias está constituida por madres solas con hijos.Posiblemente sea el parámetro “nivel educativo” de las mujeres el que de forma más ostensible muestre la evolución en los últimos años. Las mujeres representaban el 32% del alumnado en 1976 y en 2005 son el 54%.
Además, por lo que se refiere a los resultados académicos son también las mujeres las que destacan, representando los mayores porcentajes de estudiantes que finalizan sus estudios (60% tituladas). Por lo referido a los parámetros relativos al mercado de trabajo la incorporación a la actividad por parte de las mujeres y en relación con los hombres ha aumentado 27 puntos para el conjunto de España. Actualmente trabajan o buscan trabajo más de 8 millones y medio de mujeres, cerca del 60%, hace veinticinco años solo el 27%.
Otra manera de ver la igualdad, Corto realizado en el concurso maraton de 24 horas de Animamax perteneciente al festival de Pozuelo de Alarcon de Animadrid.
El parámetro más llamativo es el relativo a la población parada, pues pone de manifiesto a la vez la progresiva y masiva incorporación de las mujeres a la actividad laboral, así como el alto índice de mujeres en situación de desempleo, evolución que se consolida definitivamente a partir de los años noventa. En el año 1981, por cada 100 españoles parados había 48 mujeres; lo que contrasta fuertemente con las 139, mujeres paradas por cada 100 hombres del año 2001. Todos estos datos ratifican el desequilibrio en el momento actual en las diferentes evoluciones entre el cambio de actitudes y valores de las mujeres, sus niveles de formación y disposición para trabajar y las posibilidades reales de incorporación a la vida activa en igualdad de condiciones que los hombres que nuestra sociedad española les ofrece.
Las mujeres siguen siendo una minoría en todos los ámbitos de poder, especialmente en los órganos de dirección y de toma de decisiones. Este último aspecto sólo ha comenzado a cambiar en determinados ámbitos del poder político (parlamentos, partidos políticos, poder municipal) pero apenas ha conseguido modificarse en los ámbitos de poder social, económico, e institucional de nuestras sociedades
Hoy, las mujeres tenemos reconocidos y garantizados los derechos civiles políticos y sociales de todo ciudadano, pero ¿podemos ejercerlos en la misma medida que los hombres? La realidad cotidiana muestra cómo las limitaciones y obstáculos de diversa índole operan de manera muy diferente sobre las mujeres, impidiéndoles de forma individual y/o colectiva el ejercicio pleno de los derechos que les han sido reconocidos. Es sobre las mujeres donde inciden de forma más evidente las situaciones de precariedad y las que con más frecuencia son víctimas de la violencia. Siguen siendo las responsables del trabajo doméstico y del cuidado de niños, ancianos y enfermos y, por tanto, las que más padecen la debilidad de los sistemas sociales de protección y/o los retrocesos de los servicios públicos. Sobre las mujeres siguen pesando las huellas de una mentalidad sexista y patriarcal que influye en todos los ámbitos.
Y, todo ello, en veinticinco años de democracia, evidentemente, democracia inacabada, pero principal factor de impulso en los cambios acontecidos en el papel de la mujer en el ámbito público (de la economía, de la política) y en el privado (de la familia), como campos determinantes de la vida de todos los seres humanos que, durante mucho tiempo, han estado asignados de forma excluyente en función del sexo.
Superar el actual “déficit democrático”, profundizar en la construcción igualitaria de la sociedad española implica de forma relevante que las mujeres se incorporen y participen de manera equilibrada en todos los ámbitos de decisión de la vida pública, a la vez que se asuma como responsabilidad compartida por hombres y mujeres todo lo que acontece dentro de los hogares.
La promoción de la igualdad de la mujer es una tarea de carácter transversal, que cruza todos los sectores y forma parte de ellos.
El tenerla en cuenta constituye no sólo un imperativo moral, sino también una necesidad que se transforma en una tarea concreta no para las mujeres, sino para todos los agentes involucrados en el proceso: gobiernos, trabajadores, empresarios, ONGs, organismos internacionales, etc. Entre otros muchos aspectos, porque una política de igualdad de oportunidades y trato en la formación y en el empleo no sólo es una cuestión de justicia social sino que es un factor de desarrollo económico y social. Se halla estrechamente vinculado a una adecuada gestión de los recursos humanos, conduce a una valorización y optimización de las posibilidades de todo el capital humano (hombres y mujeres) que, en último término, incrementará la competividad de las empresas y del país.
Para más información consulta los siguientes artículos:
- Movimiento feminista y redefinición de la realidad (Ana de Miguel Álvarez, Universidad de A Coruñ
- Una mirada sobre los sucesivos feminismos (María Salas, publicado en Mujeres en Red)
